La normativa atribuye responsabilidad solidaria a los directores y representantes legales en casos de detectarse alguna operación que conlleve a una elusión fiscal, en la medida de que hayan colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de tales operaciones. En ese sentido, para liberarse de esta responsabilidad, es necesario demostrar que se ha actuado con diligencia y de acuerdo con la normativa vigente. Existen dos modelos sugeridos: uno donde se aprueban los actos con relevancia económica y financiera, considerando las ventajas tributarias como consecuencia y no como factor principal, y otro donde se aprueba los actos o transacciones con relevancia económica y financiero y hacer referencia que el directorio no aprueba actos de planificación fiscal por falta de obligación. Es importante que las empresas cuenten también con un protocolo de control interno, en donde se identifiquen las transacciones más relevantes que puedan tener una ventaja fiscal.